jueves, 27 de abril de 2017

El PAMI busca renegociar el convenio con los laboratorios para la compra de medicamentos

La nueva gestión tiene el mandato de recortar aun más el rojo del instituto de servicios sociales para jubilados y pensionados.

No hizo falta más que una reunión el viernes último para que el nuevo director ejecutivo del PAMI, Sergio Casinotti, les anticipara a los laboratorios que aquel convenio que firmaron en febrero pasado con su antecesor, Carlos Regazzoni , se revisará en pos de lograr un ajuste mayor en favor de la obra social más grande del país. 

Se trata del convenio que determina el gasto mensual en medicamentos que está dispuesto a asumir a lo largo del año el instituto que vela por la salud de unos cinco millones de afiliados, todos ellos, jubilados y pensionados.

"Fue una primera reunión en la que el nuevo director ejecutivo se presentó a las cámaras. Les informó que pondrá más énfasis en aumentar y en mejorar las auditorías en medicamentos, y que se buscará reformular el convenio firmado", confirmaron a LA NACION desde PAMI . 

Casinotti asumió hace apenas un mes con el mandato de reducir costos y eficientizar el presupuesto del PAMI, que es uno de los más grandes en el país, sólo superado por el presupuesto de la Nación, el de la Provincia de Buenos Aires, el de la Ciudad y el de Santa Fe. Aunque en su momento desde el Gobierno halagaron la gestión de Regazzoni, también habían dejado trascender en su momento que una de las razones de su salida tenía que ver precisamente con la necesidad de generar un recorte mayor en el gasto.

Cerca del 30% del gasto de PAMI está destinado a la compra de medicamentos para sus afiliados. La idea de Casinotti sería poder bajar el peso relativo de los medicamentos en al menos cinco puntos porcentuales, aseguraron las fuentes.

Cada mes, el PAMI gasta cerca de $ 2500 millones en la compra de remedios. Según deslizó Casinotti durante la reunión con tres de las cámaras de la industria farmacéutica -Cilfa, Caeme Cooperala-, el rojo mensual de PAMI sería de por lo menos $ 1000 millones.

De ahí su necesidad de revisar el convenio firmado a comienzos de año, y tras dos meses de negociaciones. Aunque no trascendieron detalles de a dónde apuntará el lápiz, sí Casinotti consensuó con los laboratorios incrementar las auditorías sobre las ventas de medicamentos. Durante la gestión anterior del PAMI, por caso, se habían detectado casos en los que el PAMI cubría a algunos beneficiarios dosis anuales de medicamentos que superaban cualquier recomendación médica, entre muchas otras irregularidades.

"La posición de la industria es ganar tiempo y tratar de dilatar la renegociación del convenio lo máximo posible", admitió a LA NACION, por su parte, el director de un laboratorio de origen nacional, con la condición de no ser identificado.

También, según aseveraron desde la industria, la idea de Casinotti sería avanzar aun más sobre otra decisión que, en su momento,había generado gran polémica, que es la revisión de los casos en los cuales el PAMI bonifica el 100% del costo de un medicamento. Habitualmente, el PAMI ofrece al común de sus afiliados descuentos de entre el 50 y el 80% del valor de un remedio, dependiendo del caso. Pero existían a marzo pasado cerca de 1,6 millón de personas que además gozaban de un plan social, por el cual podían obtener los medicamentos completamente gratis.

Regazzoni había establecido entonces que quedaran fuera de este régimen social aquellos que ganaran más de 1,5 haberes provisionales mínimos o que tuvieran prepaga, un auto de menos de 10 años y embarcaciones o aeronaves a su nombre. Quienes ganaran más de 1,5 veces la mínima pero tuvieran cada mes que enfrentar la compra de medicamentos por el equivalente a 5% de sus ingresos o más, no sufrirían modificaciones.

"Al PAMI no le alcanza el presupuesto general y quieren renegociar", confirmó otra fuente privada. "Por ahora se presume que van a ir por reducir la cantidad de medicamentos 100% gratuitos, cosa que había empezado Regazzoni. Y no lo dicen, pero ya se evidencia la complejidad de que cubran nuevos medicamentos innovadores; la Argentina es el único país donde se da este tipo de cobertura tan libremente. La industria, por su parte, ofreció ayudar con la auditoría", continuó.

En principio, en la industria hay más especulaciones que hechos concretos. Lo que está claro es que la negociación recién comienza.

Fuente: La Nación

miércoles, 26 de abril de 2017

Médicos: crecen las estrategias en el interior para "seducir" a los especialistas

Neonatólogos, intensivistas y anestesiólogos, los que más faltan; hay varias iniciativas provinciales para ofrecer trabajo; alerta por los riesgos que implica la escasez en distintas áreas de atención.

Una médica y una residente trabajan juntas en la sala de neonatología del hospital Misericordia, de CórdobaNo es un problema nuevo, pero se agudiza. En un país en el que egresan unos 4800 médicos por año, hay una carencia de especialistas, sobre todo en el interior, que no logra resolverse. Faltan neonatólogos, anestesiólogos y expertos en terapia intensiva. Cada distrito busca "seducirlos" de modo distinto. En Buenos Aires, más de cien municipios ofrecen un "paquete motivacional"; en Catamarca, se les adjudica un plan de viviendas a quienes se radiquen en los pueblos. 

En Neuquén se ofrecen casa, plus salarial, estabilidad laboral y capacitación.

Neonatólogos, intensivistas y anestesiólogos son tres de las carencias más urgentes. La dificultad es peor en las provincias que en la Capital Federal y más grave todavía en el interior del interior.

En el país hay 166.000 médicos (3,9 por cada 1000 habitantes), según datos de la Organización Mundial de la Salud. El número está cabeza a cabeza con el de Italia, ambos, los más altos del mundo.

"No faltan profesionales, el problema es que no están bien distribuidos ni geográficamente ni por especialidad", dice a LA NACION Marcelo Yorio, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se dictan 44 posgrados certificados por la Coneau y se forman profesionales de todo el país.

En Córdoba hay 5,16 médicos cada 1000 habitantes; en la ciudad capital, el número salta a 9 cada 1000, y en el Noroeste, 1 por 1000, situación equiparable con la de provincias como Chaco, Misiones y Santiago del Estero.

"La mayoría elige las grandes ciudades para ejercer -agrega Yorio-. En muchos pueblos ya bendicen tener un médico, ni siquiera pretenden contar con un traumatólogo o un dermatólogo."

No sólo faltan especialistas, sino que además la cantidad de enfermeras está muy por debajo de lo conveniente. Mientras los indicadores internacionales marcan que el número ideal sería de 4 por cada médico, en el país hay 180.000, lo que establece una relación de 1,2.

Gustavo Traballini, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa) de Córdoba, admite que -ante la falta de especialistas de áreas críticas- hay "robo" de profesionales entre los establecimientos.

Señala que las prestadoras privadas llevan tiempo advirtiendo a las autoridades académicas y de salud sobre la necesidad de soluciones, ya que la formación lleva tiempo y el pronóstico es "malo". La profundización del inconveniente se refleja en las vacantes para las residencias de determinadas especialidades que no se cubren.

A fines de 2016, un informe del Ministerio de Salud de Buenos Aires señaló la falta de ofertas para cubrir casi 300 cargos de clínica, pediatría, neonatología, obstetras y licenciados en obstetricia (parteros) en los hospitales del sistema provincial. Las localidades de menos de 3000 habitantes son las más complicadas.

En ese contexto, se instrumentó el proyecto Quiero Ser Residente junto con los municipios, para resolver el déficit de especialistas, sobre todo en materia de salud materno-infantil, salud mental, trauma y enfermería. Para este año todavía no está disponible la información de cupos.

El programa propone a los municipios que ofrezcan estímulos económicos que complementen la beca que paga la provincia, vivienda y trabajo para el cónyuge y capacitación permanente.

Problema extendido

En Córdoba el año pasado alrededor del 27% de los concursos para "especialidades críticas" quedaron sin cubrirse. El ministro del área, Francisco Fortuna, entiende que los sistemas de educación y capacitación deben revisar "su predisposición a trabajar para el perfil de médico" que requiere el país.

Las distintas fuentes consultadas por LA NACION coincidieron en que hay una multiplicidad de factores en la preferencia de los profesionales a la hora de elegir su especialización: condiciones de trabajo, posibilidades de capacitación y potencialidades para la familia son las básicas. "Tiene que haber percepción de futuro -resume Yorio-. No todo es económico; ese factor solo no alcanza."

El senador catamarqueño Jorge Solá Jais advierte que cuesta "mucho" la radicación de médicos en las localidades chicas. "Hay dificultades para el acceso a la salud que incluyen la distancia respecto de los grandes centros urbanos, la baja densidad poblacional, la escasez de recursos humanos entrenados. Se produce un vacío de profesionales que perjudica al sistema de sobremanera", sostiene.

El Colegio Argentino de Terapia Intensiva (Cati) entiende que la carencia de especialistas es un "peligro nacional". Para la entidad, en los últimos años se triplicó el faltante, y afirman que el sistema está en "colapso".

No sólo se suman menos profesionales que los que se necesitan, sino que además la mayoría de los que ejercen tienen más de 50 años y a mediano plazo se retirarán. Además, por las condiciones laborales, muchos abandonan los puestos o deciden no concluir la especialidad.

Según datos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), en el país hay unas 900 unidades de cuidado intensivo y unas 10.000 camas. La recomendación internacional es que haya un especialista cada 7; la Sati tiene 2200 asociados, no tiene el dato cierto de cuántos son en total, pero sí de que existen los suficientes.

Coberturas críticas

Jorge Leiva, delegado de la Sati, califica de "inmenso" el déficit. La terapia intensiva era una especialidad secundaria que implicaba siete años de formación, tiempo que "diezmó" el interés; después se convirtió en especialidad "básica" (menos tiempo) y -dice Leiva- hubo unos años de impulso, pero pasaron "rápido y muy pocos quieren seguir".

"El intensivista vive de guardia -sigue-. Hoy los jóvenes deciden de manera más fría, eligen especialidades más tranquilas, con horarios y más redituables." A su criterio, hay que "humanizar" la tarea con horarios más reducidos (por caso, guardias de 12 horas), posibilidad de jubilación anticipada y más confort en los lugares de trabajo (una sala, un dormitorio). Además de mejores sueldos.

Los neonatólogos son otros especialistas escasos. Luis Ahumada, titular de la Sociedad de Pediatría de Córdoba, señala que en la última década mermó el interés por la pediatría, la neonatología y la terapia intensiva pediátrica.

"Formar un neonatólogo lleva entre cinco y siete años; quien se dedica pretende, al menos, ganar más. Es una especialidad crítica de alto estrés, expuesta a juicios y con pocas perspectivas de cambio en el tiempo. Tiene todas en contra, por lo que hay que buscar fuertes incentivos laborales; siendo pediatra se termina ganando más y con menos situaciones extremas a atender", describe.

El hospital zonal de Choele Choel, en Río Negro, ofrece 60.000 pesos mensuales y vivienda a pediatras que quieran trabajar en el lugar. Alicia Zelarayan, directora de la institución, contó que se suceden las renuncias de los médicos. De ese hospital dependen otros cinco más pequeños, que tienen sólo médicos generalistas, que también son escasos.

Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina aportan que el problema es "complejo" y empezó "hace varios años". Sostienen que la feminización de la medicina hace que las especialidades que requieren largos viajes, atender emergencias, hacer 24 horas de guardia y en ambientes violentos tengan cada vez menos postulantes.


Fuente: La Nación

martes, 25 de abril de 2017

Río Negro: a la Justicia para que la obra social le cubra el aceite de cannabis

La familia de un joven cipoleño que sufre epilepsia refractaria presentó un amparo porque Osecac se niega a cubrirle la medicación que le recetó su neurólogo.

Gustavo es un joven cipoleño de 25 años que padece autismo y epilepsia refractaria. Su obra social se niega a cubrir el aceite de cannabis que le recetó el médico neurólogo.

Su familia, con el patrocinio del abogado Federico Ambroggio, presentó ayer un amparo en la justicia Civil de esta ciudad para que le reconozcan la medicación.

Desde el año 2015 que su familia viene solicitando también que Osecac, la obra social de los empleados de comercio y actividades civiles, le cubra la presencia de un acompañante terapéutico que le ayude a Gustavo a sobrellevar su enfermedad.

Sin embargo no obtuvieron respuestas, explicó su hermana Cynthia Paredes.

Aseguró además que desde la obra social les dijeron que no le iban a cubrir el aceite.

“Presentamos un escrito y, después de muchos días sin respuesta me comuniqué con Omar Bravo, de la obra social y me dijo que lo haga por vía legal, y eso es lo que vamos a hacer hoy”, contó pocos minutos antes de presentar el recurso de amparo, cerca del mediodía de ayer.

Actualmente, Osecac solo cubre dos medicamentos para Gustavo, a pesar de que está protegido, entre otras leyes, por la que prevé un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.

“Ayuda mucho”

“El aceite de cannabis ayuda mucho”, resaltó Cynthia y agregó que su hermano, después de las convulsiones “queda destruido”.

La mujer relató que luego de consumir una muestra del aceite de Charlotte’s Web (proviene de la cannabis) que les facilitó una familia de Neuquén “sus síntomas mejoraron muchísimo”.

Recordó además que el médico de cabecera del joven también le recetó el uso de este medicamento.

Del reclamo de la familia de Gustavo se hizo eco el diputado Nicolás Rochas, que desde el año pasado viene presentando proyectos orientados a legalizar el aceite de cannabis como método alternativo para tratar ciertos síntomas.

La epilepsia refractaria le genera a Gustavo temblores en las manos y en el cuerpo y convulsiones.

Este cuadro se suma a una serie de ataques agresivos que son generados por su autismo, lo que afecta profundamente su calidad de vida.

La epilepsia refractaria o farmacorresistente es aquella que no responde a los tratamientos con drogas anticonvulsivas.

Hay cerca de un 30 % de los pacientes que padecen de epilepsia, que no responden a los medicamentos y es en estos casos en los que se prueba el aceite de cannabis con buenos resultados.

El gobierno nacional promulgó la ley la semana pasada

El gobierno nacional promulgó la ley 27350 que promueve la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, sancionada por unanimidad por el Congreso el 29 de marzo último, a través de la publicación del decreto 266/2017 en el Boletín Oficial.

La iniciativa promueve emprender acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar el derecho a la salud, medidas de concientización, y guías de asistencia, tratamiento y accesibilidad, garantizar el acceso gratuito al aceite de cannabis a toda persona que se incorpore al programa.

“Presentamos un escrito y, después de muchos días sin respuesta, en la obra social me dijeron que lo haga por vía legal. Eso hicimos”, explica Cynthia.

Fuente: Río Negro

lunes, 24 de abril de 2017

Obra social del Poder Judicial: se ordena mantener cautelarmente cobertura a agente dado de baja

Partes: A. J. A. c/ Estado Nacional - PJN - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y otro s/ amparo ley 16.986

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 
Sala/Juzgado: IV 
Fecha: 23-feb-2017

Mantenimiento cautelar de la cobertura de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación a favor del agente dado de baja.

Sumario: 

Resultado de imagen para martillo juez1.-Corresponde confirmar la resolución que denegó la medida precautoria de suspensión de la resolución del Tribunal de la Superintendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que dispuso la baja del actor y mantuvo cautelarmente la cobertura de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, ya que habiendo operado dicha baja a la fecha por haber alcanzado la jubilación, la tutela requerida reviste un carácter innovativo o positivo, ya que implicaría, además de la suspensión de los actos cuestionados, la reincorporación del actor, circunstancia que justifica su encuadramiento en los recaudos de admisibilidad más rigurosos del art. 14  de la Ley 26.854, referidos a la medida positiva.

2.-Siendo procedente mantener cautelarmente la cobertura de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación a favor del amparista, deberá efectuarse en los términos art. 8, inc. e del Estatuto de la Obra Social.

3.-Es procedente confirmar la decisión de primera instancia que ordenó el mantenimiento cautelar de la cobertura que la Obra Social del Poder Judicial de la Nación brinda al amparista, debiendo éste abonar la cuota respectiva en los términos de la reglamentación pertinente (de la disidencia parcial del Dr. Vicenti). 

Fallo:

Buenos Aires, 23 de febrero 2017.

VISTO:

El recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 76/78 y vta. contra la resolución de fs. 55/57, que denegó la petición precautoria cuyo objeto consistía en la suspensión de las resoluciones 1034/16, 1795/16 y 2027/16 del Tribunal de Superintendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, hasta tanto se resuelva la avocación requerida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o se dicte sentencia definitiva en este proceso; y

CONSIDERANDO

1°) Que la juez de grado fundo? su decisión en la ausencia de verosimilitud del derecho, en la medida en que el amparista reconoció? reunir los requisitos exigidos para obtener el porcentaje máximo del haber de la jubilación ordinaria, y tampoco desconoció? las facultades de la Cámara para intimarlo a iniciar el trámite a tal efecto, a tenor de lo dispuesto por el art. 78 del RJN. No obstante, frente a las constancias medicas incorporadas, tuvo por acreditado que la baja de la obra social podría provocar al actor un perjuicio irreparable en caso de una hipotética sentencia favorable, razón por la que ordeno? cautelarmente mantener la afiliación ante OSPJN, quien debería aceptar el pago de la cuota en forma privada, por un plazo de 3 meses o hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

2°) Que el recurrente reconoció? que reúne los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio, pero destaco? que hay otros agentes en iguales condiciones que no fueron intimados ni dados de baja, temperamento que calificó como discriminatorio; máxime cuando se encuentra de licencia psiquiátrica y no dispone de ingresos económicos para solventar su tratamiento médico. Asimismo, señaló? que su baja omitió? precisar las "razones de mejor servicio" que justificaran tal decisión. Finalmente, se agravio? de su obligación de pagar la cobertura médica y puso de resalto que el art. 10, inc.a, de la ley 23.660 permite mantener la calidad de beneficiario de obras sociales durante el lapso de 3 meses sin obligación de efectuar aportes (fs. 76/78 y vta).

En oportunidad de contestar el memorial, la demandada reivindico? la validez de los actos impugnados y solicito? la desestimación del recurso. En cuanto al mantenimiento de la afiliación a OSPJN, si bien alego? que dicho organismo no fue parte en este proceso, destaco? que el art. 8o, inc. e, de su Estatuto contempla la situación de autos. En este sentido, alego? que aquélla se encuentra excluida del ámbito de aplicación de las leyes 23.660 y 23.661 por expresa disposición del art. 4° de la ley 23.890 (fs. 83/86).

3°) Que, antes de tratar la apelación, corresponde precisar el alcance de la pretensión precautoria, toda vez que tal dilucidación condiciona la intensidad de los requisitos de procedencia cuya aplicación habrá? de revisarse ante esta alzada (conf. art. 13, 14 y 15 de la ley 26.854).

En este sentido, no puede soslayarse que la baja del actor opero? el 1o de enero de 2017 (hecho reconocido por ambas partes), en la medida en que las sentencias deben atender a las condiciones existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevinientes (arg. Fallos 313:1081; 320:1875 , entre muchos otros).

Sobre dicha base, los términos de la tutela requerida reviste -a esta altura del proceso- un carácter innovativo o positivo, ya que implicaría, además de la suspensión de los actos cuestionados, la reincorporación del actor, circunstancia que justifica su encuadramiento en los recaudos de admisibilidad más rigurosos del art. 14 de la ley 26.854, referidos a la medida positiva.

En este sentido, cabe recordar que los recaudos de viabilidad de las medidas cautelares deben ser ponderados con especial prudencia cuando una decisión favorable altera el estado de hecho o de derecho existente al momento de su dictado y configura un anticipo de jurisdicción respecto del fallo final de la causa (Fallos:323:3075  y sus citas; 329:28  y 4161), de modo que todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida cautelar debe acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (Fallos: 329:3890 ; 4161 y 5160, entre otros).

4°) Que en el limitado marco de conocimiento precautorio, la aplicación de estos criterios en el caso concreto de autos, a la luz de los elementos de convicción que obran en la causa, permite adelantar que no asiste razón al apelante cuando afirma que ha logrado satisfacer plenamente los requisitos que justifiquen acceder a la medida requerida, ya que sus alegaciones no permiten determinar la configuración de tales extremos con el grado exigido para el dictado de una medida innovativa (esta sala, causa no 47568/2016/CA1 "Melanie, Ángeles Lago c/ EN - Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ medida cautelar autónoma", resol. del 8 de noviembre de 2016).

En efecto, sentada la validez del régimen normativo y encontrándose reconocidos los requisitos para acceder al máximo del haber jubilatorio, la pretensión precautoria exige incursionar en un ámbito de conocimiento que excede el presente incidente cautelar, que deberá? desentrañarse con plena intervención de la contraria en la sentencia de mérito (esta Sala, causa no 6327/2016/CA1 "Daroqui, María de la Paz c/ EN - Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación s/ medida cautelar autónoma", resol. del 18 de octubre de 2016), toda vez que la complejidad fáctica de los temas involucrados en la pretensión -en este estado procesal- no permite determinar la discriminación denunciada.5°) Que tampoco se advierte una fuerte presencia de peligro en la demora en la percepción de su salario, a tenor del carácter excepcional de la tutela requerida y al mayor rigor en el examen de los requisitos para su procedencia, en el caso, vinculado con un perjuicio grave de imposible reparación ulterior (art. 14, inc. c, ley 26.854; y Sala II, causa no 22587/16, "Moyano, Nores, José? Manuel c/ EN - Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ empleo público", resol. del 14/7/16).

En este sentido, ya se encuentra agregada la contestación del informe del art. 8o de la ley 16.986, razón por la que cabe esperar el inminente dictado de la sentencia definitiva (esta Sala, arg. causa no 50947/2016/1/CA1. Inc de medida cautelar en autos "Galiano, Gladys Luisa c/ EN - Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986", resol. del 15 de diciembre de 2016).

6°) Que igual conclusión cabe predicar respecto del cuestionamiento al alcance de la tutela referida a la cobertura de salud del actor a tenor de lo dispuesto por el art. 10, inc. a de la ley 23.660, cuyo ámbito de aplicación fue controvertido por la contraria con fundamento en el art. 4o de la ley 23.890 (BO 30/10/90).

7°) Que, sobre dicha base, el pago de la cuota a efectuar por el actor a la OSPJN, en caso de que opte por su mantenimiento, deberá? efectuarse en los términos que la reglamentación establezca (art. 8, inc. e del Estatuto de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación).

En mérito a lo expuesto, SE RESUELVE: rechazar parcialmente el recurso y confirmar la resolución apelada en cuanto deniega la medida precautoria requerida y mantiene cautelarmente la cobertura de la OSPJN, precisando que el pago de la cuota en favor de tal organismo deberá? efectuarse en los términos art. 8, inc. e del Estatuto de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.Con costas en el orden causado en atención al modo en que se resuelve (art. 17, ley 16.986 y 71, CPCCN).

Regístrese, notifíquese a la actora y devuélvase.

JORGE EDUARDO MORA?N

MARCELO DANIEL DUFFY

ROGELIO W. VINCENTI (en disidencia parcial)

Disidencia parcial del señor juez Rogelio W. Vincenti:

En relación con las cuestiones que requieren pronunciamiento del Tribunal, comparto los términos y conclusiones expuestos en los considerandos 1o a 6o, a los que corresponde remitir para evitar repeticiones.

Sobre dicha base, el pago de la cuota a efectuar por el actor a la OSPJN, en caso de que opte por su mantenimiento, deberá? efectuarse en los términos de la reglamentación pertinente.

También remito a los fundamentos de la distribución de costas expuestos en mi disidencia parcial en la causa no 35661/2015/CA1, "Centro de la Industria Lechera c/ EN - Mo Agricultura Ganadería y Pesca - Sec Agricultura Ganadería y Pesca s/ medida cautelar (autónoma)", resol. del 11 de febrero de 2016.

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso y confirmar la resolución apelada. Sin costas.

ASI VOTO.

ROGELIO W. VINCENTI

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.