lunes, 25 de septiembre de 2017

¿Las personas con discapacidad ejercen su derecho a trabajar en nuestro país?

"Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás..."

Leer la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad siempre es fuente de inspiración y de toma de conciencia. Por eso cito, para empezar, el Artículo 27, dedicado al trabajo y empleo de las personas con discapacidad. Cito la primera parte del Artículo 27. 

Y continúa.:

"...ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;"

Se suelen suscitar muchas preguntas.¿las personas con discapacidad ejercen su derecho a trabajar en nuestro país? ¿Existen entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles? ¿Cuán frecuente es la discriminación por motivos de discapacidad? ¿Hay igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor?

A muchas personas les genera cierta resistencia pensar que las personas con discapacidad pueden trabajar. Una tarde durante una charla sobre el cambio de paradigma en discapacidad de hecho me topé con una persona que sostenía que había algunos jóvenes con discapacidad que claramente no podían trabajar. A pesar de disentir profundamente con lo que decía, me sirvió para darme cuenta de que hay muchas personas que creen lo mismo, y que lo primero que hay que cambiar en nuestra sociedad son las creencias y los prejuicios que abundan por doquier en relación a las personas con discapacidad.

Afortunadamente, existen otras miradas que están muchísimo más alineadas a la Convención. Les comparto un ejemplo: hablando con una persona referente en la metodología de Empleo con Apoyos me contaba que la condición de discapacidad no es un impedimento para trabajar y que el único requisito necesario para que una persona trabaje es la voluntad de hacerlo. Si le sumamos a la voluntad de trabajar de una persona con discapacidad los apoyos y ajustes razonables que requiere, accesibilidad, apoyos para el grupo de compañeros y una actitud inclusiva y abierta por parte de su empleador (no necesariamente en este orden), esa persona puede trabajar.

En Argentina existe una ley de cupos que busca garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, facilitar su inclusión y la igualdad de oportunidades, y que obliga al Estado a tener al menos un 4% de personas con discapacidad entre sus empleados. ¿Se está cumpliendo esta ley?

La realidad es que todas las personas pueden contribuir a la sociedad. Todos tienen fortalezas, talentos, algo para enseñar. Es cuestión de descubrir esos aportes únicos en cada persona. Y de seguir derribando prejuicios y creencias que vulneran derechos (de manera flagrante). ¿En tu trabajo hay empleados con discapacidad? Ojalá que sí ¿Conocés sus intereses, sus sueños, sus experiencias, lo que les molesta, las maneras en que los podés ayudar? Animate a conocerlos porque vas a aprender mucho.

Fuente: La Nación (por Alexia Rattazzi)

viernes, 22 de septiembre de 2017

Es oficial el servicio eléctrico es gratuito para personas electrodependientes

La ley había sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en abril del año pasado; su reglamentación se publicó en el Boletín Oficial.

Gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta la ley N° 27.351 que que garantiza el servicio y la gratuidad del suministro eléctrico para los hogares con personas cuyos problemas de salud los obliga a depender del uso permanente de equipos eléctricos.

Asimismo, se establece que el Ministerio de Energía y minería será la autoridad a cargo de su aplicación. El beneficio para los denominados "electrodependientes" fue aprobado el 19 de abril del año pasado por unanimidad en la Cámara de Diputados.

Además de garantizar el suministro y la gratuidad del servicio, la nueva ley exime a los hogares "electrodependientes" de los costos que demanden la instalación o adaptación del inmueble a las necesidades del paciente, al tiempo que los exceptúa de cualquier programa de premios y castigos destinado a incentivar la baja del consumo eléctrico. 

El Ministerio de Salud será el encargado de establecer las condiciones necesarias para la inscripción en el "Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud" y dictará las normas aclaratorias y complementarias para su aplicación.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minería, en consonancia con el Ministerio de Salud, desarrollará campañas de difusión, educación y concientización sobre los derechos de los usuarios electrodependientes por cuestiones de salud y de los principios comprendidos en la nueva ley.

Texto del decreto:

MINISTERIO DE SALUD - Decreto 740/2017
Electrodependientes.

Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2017
VISTO la Ley Nº 27.351, el Expediente N° EX-2017-18788789-APN-SECPREI#MS, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1º de la ley citada en el Visto denomina electrodependientes por cuestiones de salud a aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud.
Que en el marco de la protección de los derechos para las personas que acreditan dicha condición, la ley estableció la obligatoriedad de garantizar el servicio eléctrico en forma permanente, en el domicilio del titular del servicio o uno de sus convivientes, que se encuentre debidamente registrado, como así también un tratamiento tarifario especial gratuito de provisión de energía, a través del reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica que se encuentre bajo jurisdicción nacional y la exención del pago de los derechos de conexión.
Que a través de la Resolución N° 204 de fecha 16 de junio de 2017 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y de la Resolución N° 292 de fecha 26 de julio de 2017 del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD se establecieron normas específicas a fin de hacer efectivo el tratamiento tarifario especial y otras condiciones fijadas por la ley para el suministro del servicio de energía eléctrica para los usuarios electrodependientes.
Que el artículo 8º de la ley de marras prevé la creación, en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, a través de sus organismos pertinentes, del “Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud”.
Que además establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL desarrollará campañas de difusión, educación y concientización con el fin de promover los derechos de los electrodependientes por cuestiones de salud y de los principios comprendidos en la referida ley.
Que es necesario establecer la Autoridad de Aplicación de la ley de marras y las competencias que corresponden al MINISTERIO DE SALUD.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Nº 27.351.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Establécese que el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA será la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.351.
ARTÍCULO 2º.- El MINISTERIO DE SALUD establecerá las condiciones necesarias para la inscripción en el “Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud”, a crearse en la órbita del MINISTERIO DE SALUD en los términos del artículo 8º de la Ley N° 27.351, y dictará las normas aclaratorias y complementarias para su aplicación.
ARTÍCULO 3º.- El MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, junto con el MINISTERIO DE SALUD, desarrollará campañas de difusión, educación y concientización sobre los derechos de los usuarios electrodependientes por cuestiones de salud y de los principios comprendidos en la Ley N° 27.351.
ARTÍCULO 4º. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Jorge Daniel Lemus.
e. 22/09/2017 N° 71515/17 v. 22/09/2017

Fuente: La Nación/Boletín Oficial

jueves, 21 de septiembre de 2017

Es exigible la presentación del certificado de discapacidad para obtener el reintegro de gastos por parte de la obra social

Partes: A. M. G. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ cobro de pesos/sumas de dinero

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Fecha: 5-sep-2017

Es exigible la presentación del certificado de discapacidad para obtener el reintegro de gastos por parte de la Obra Social.

Sumario: 

Resultado de imagen para martillo juez1.-Corresponde revocar la sentencia confirmatoria en cuanto hizo lugar a la demanda tendiente a obtener el reintegro de los gastos de asistencia médica prestada a un menor discapacitado, habida cuenta que la obra social ajustó su conducta a lo preceptuado en las normas vigentes, las que exigen presentar el certificado de discapacidad o, eventualmente, la documentación que acredite haberlo solicitado a la autoridad competente para expedirlo, y por lo tanto no es posible imputarle incumplimiento a sus obligaciones.

2.-Cabe poner especial énfasis en que el punto central en discusión no es la necesidad de brindar atención médica a un niño discapacitado, sino el derecho al cobro de una indemnización por daño moral y el reintegro de parte de las sumas desembolsadas para su atención, por lo que el derecho a la salud no se halla afectado sino de manera remota.

3.-Si la exigencia se flexibilizara del modo propuesto por el a quo, la condición de discapacidad del afiliado dependería de la valoración discrecional -acertada o no- de las obras sociales, cuando el legislador en realidad optó por atribuir esa facultad a las autoridades pertenecientes al Ministerio de Salud de la Nación o a otras autoridades provinciales.

4.-Corresponde desestimar la queja por resultar inadmisible el recurso extraordinario -art. 280 del CPCCN-. (del voto en disidencia del Dr. Rosatti) 

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017

Vistos los autos: "A., M. G. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ cobro de pesos/sumas de dinero".

Considerando:

1°) Que la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó la sentencia de la instancia anterior que había hecho lugar a la demanda presentada por M. G. A., por sí y juntamente con G. G. A., en representación de su hijo menor discapacitado, tendiente a obtener el reintegro de los gastos de asistencia médica afrontados entre enero 2007 y junio 2010 y la indemnización por daño moral.

Para decidir de ese modo, el tribunal tuvo en cuenta que los reclamos por reintegros correspondían a un período en que el niño había padecido un importante agravamiento de su estado de salud y la entidad social tenía conocimiento de ello por las notas que se le cursaron y las auditorías médicas que daban cuenta de la evolución de las deficiencias y patologías de aquel. Agregó que el interés superior del niño no podía verse comprometido por el requisito administrativa de contar con el certificado de discapacidad extendido por autoridad competente exigido en el artículo 50 de la resolución 1126 de la obra social para el otorgamiento de la cobertura de las prestaciones de las leyes 24.901 y 22.431, máxime cuando el organismo conocía el estado de salud del menor. Por último consideró que los padecimientos espirituales resultaban indiscutibles frente a la incertidumbre generada por la obra social que no abonaba lo reclamado en forma íntegra y en tiempo oportuno.

2°) Que, contra esa decisión, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación dedujo recurso extraordinario (fs. 365/375), el que fue concedido solo por encontrarse en juego la interpretación de normas federales (fs.377/377 vta.).

3°) Que la demandada afirma que la sentencia se aparta de manera deliberada y arbitraria del estatuto de la obra social, que el único instrumento que acredita la condición de discapacitado es el certificado expedido por la autoridad competente y que, en el caso, se discute una cuestión estrictamente patrimonial que no está sino de manera mediata vinculada con el derecho a la salud.

4°) Que el recurso extraordinario resulta procedente toda vez que se ha cuestionado la interpretación de normas de carácter federal y la decisión final en la causa fue contraria a las pretensiones que el apelante fundó en sus disposiciones (Fallos: 316:1738; 323:1374 ; 324:1623 , entre otros); asimismo resulta aplicable en autos el principio que entiende que si los agravios alegados al deducir el recurso extraordinario, esto es, arbitrariedad e incorrecta interpretación de una norma, se hallan inescindiblemente ligados entre sí, la parcial concesión decidida por el tribunal, implicaría una inadecuada ruptura de la unidad conceptual de la argumentación del apelante y correspondería tratar conjuntamente los agravios admitidos en la concesión parcial citada y los motivos de arbitrariedad (Fallos:330:2347 ) .

5°) Que, ello sentado, es menester en primer término recordar que en el marco normativo de atención a las personas con discapacidad establecido por las leyes 22.431, de Protección Integral del Discapacitado, y 24.901, del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación aprobó el Reglamento de Cobertura Asistencial para beneficiarios con discapacidad (resolución 1126/2012).

En el artículo 4° del citado reglamento se estableció que los afiliados podrían ser encuadrados en el esquema de cobertura al discapacitado cuando reúnan determinados requisitos entre los que incluye, en el inciso a, la "certificación de discapacidad extendida por el Ministerio de Salud de la Nación, quien expedirá el Certificado Único de Discapacidad a través del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con. Discapacidad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Con urbano Bonaerense o del organismo competente establecido en las leyes provinciales análogas para el caso de afiliados residentes en el interior del país, de conformidad con lo requerido por el Art. 3° de la Ley Nacional 22341, el art. 10° de la Ley Nacional 24.901 y el Art. 1° de la Resolución 6080/03 del Ministerio de Salud de la Nación".

Para despejar cualquier tipo de duda respecto de la necesidad de contar con el certificado mencionado, en el artículo 5° se previó que "en ningún caso se otorgará cobertura por discapacidad a afiliados que no tuvieren acreditada dicha condición por la autoridad competente indicada en el apartado a) del artículo anterior".

Finalmente se precisó que "los afiliados que requieran prestaciones a partir de la vigencia del presente Reglamento, podrán incorporarse al plan de discapacidad acreditando haber solicitado el certificado correspondiente ante el organismo competente mencionado en el art. 4° inc.a)" (artículo 7°).

6°) Que, reseñado el marco normativo aplicable en el caso, cabe poner especial énfasis en que el punto central en discusión no es la necesidad de brindar atención médica a un niño discapacitado, sino el derecho al cobro de una indemnización por daño moral y el reintegro de parte de las sumas desembolsadas para su atención, por lo que el derecho a la salud no se halla afectado sino de manera remota.

7°) Que, partiendo de esa base, el a quo debió examinar la legislación aplicable al supuesto de autos, y a la luz de sus prescripciones, decidir si hubo incumplimiento de la demandada al no cubrir el 100% del costo de las prestaciones requeridas y, consecuentemente, si correspondía indemnizar a los actores por daño moral.

Sin embargo, el tribunal descartó la aplicación del estatuto de la obra social y concluyó en que el certificado no era más que una prueba adicional de la discapacidad que el niño padecía y de la que la demandada tenía conocimiento atento a su historia clínica, por lo que cabía prescindir de él frente a las restantes constancias de la causa para dar preeminencia al interés superior del niño.

8°) Que la conclusión a que arribó la cámara no se adecua a la inteligencia que cabe dar a las normas citadas, en un contexto en el que solamente se discute un reclamo de contenido patrimonial.

Es sabido que la primera fuente de interpretación de la leyes su letra y de los textos transcriptos surge palmaria la necesidad de presentar el certificado de discapacidad o, eventualmente, la documentación que acredite haberlo solicitado a la autoridad competente para expedirlo, máxime cuando -como ya se señaló- no está en juego la salud, la vida o la integridad del niño.

Si la exigencia se flexibilizara del modo propuesto por el a qua, la condición de discapacidad del afiliado dependería de la valoración discrecional -acertada o no- de las obras sociales, cuando el legislador enrealidad optó por atribuir esa facultad a las autoridades pertenecientes al Ministerio de Salud de la Nación o a otras autoridades provinciales.

Por lo tanto, la obra social ajustó su conducta a lo preceptuado en las normas vigentes y no es posible imputarle incumplimiento a sus obligaciones. Los argumentos empleados en la resolución en recurso resultan a todas luces insuficientes para justificar el apartamiento al régimen jurídico vigente, máxime cuando este no ha sido tachado de ilegítimo.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia impugnada. Costas por su orden en razón de la índole de la cuestión debatida. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO - JUAN CARLOS MAQUEDA - HORACIO ROSATTI - CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ -

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON HORACIO ROSATTI

Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se lo desestima. Hágase saber y devuélvase.


HORACIO ROSATTI

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Destacan la importancia del sistema primario de salud

El reconocido médico cardiólogo y magister en Economía y Gestión de Salud, Mario Glanc aseguró que este sistema no se valora lo suficiente.

Resultado de imagen para sistema primario de saludEl reconocido médico cardiólogo y magister en Economía y Gestión de Salud, Mario Glanc disertó el lunes en el aula magna de la Universidad del Aconcagua y se detuvo en la importancia de primer nivel sanitario, que muchas veces no recibe la valoración que le corresponde pese a ser fundamental. "Ni nosotros ni ningún otro país latinoamericano tiene futuro si no entendemos que la clave está en la Atención Primaria de la Salud (APS). Es cierto que por lo general no se reconoce adecuadamente, ni tampoco hay explicación por la cual un médico híper especializado en un segmento cobra mucho más que un médico híper especializado en la atención del 90% de las patologías que nos ocupan a lo largo de toda la vida. La salud pública no es una rama de la medicina, la medicina es una rama de la salud pública", resumió el referente, quien además es el director de la maestría en Sistema de Salud y Seguridad Social de la Universidad ISALUD.

El especialista destacó que esta valoración debiera incluir no sólo al médico, sino también a enfermeras, asistentes sanitarios y todos los que actores que conforman este grupo. "El médico de familia es el que ayuda a prevenir, y a curar. Las mayores causas por las que una persona ha ido a consultar un médico en su vida han sido 'cositas', en el sentido de que no requieren un nivel de súper especialización", redundó, y sostuvo que es fundamental entenderla como un piso a partir del cual se organizan los sistemas.

En este sentido, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Aconcagua, Ángel Pellegrino se refirió también al perfil indispensable de los futuros profesionales. "Es fundamental conceptualizar la atención primaria. Tiene que estar inserta en una red de complejidad creciente, en búsqueda de la equidad en el nivel que corresponda. En nuestra facultad tenemos una currícula integrada y articulada, y en el cursado tienen atención primaria de la salud 1, 2 y 3. Nosotros pretendemos que los futuros profesionales salgan impregnados con esta visión sistémica, holística e integral del proceso de salud y enfermedad. Y el concepto de atención primaria de la salud nos da esa visión justamente", sintetizó Pellegrino.

Cambio de paradigma

Glanc se detuvo también en la necesidad de adaptar los paradigmas del sistema de salud al siglo XXI. "Los cambios más importantes tienen que ver con los adelantos tecnológicos y la perdida de sustentabilidad de nuestros sistemas que se fueron creando y gestando a principios y mediados del siglo XX. Son paradigmas que evolucionaron sin mayores cambios hasta fines del siglo pasado, pero estamos enfrentando problemas que se avecinan con sistemas y organizaciones del siglo XX. Nos está faltando un posicionamiento relativo", resumió.

Para el referente, es necesaria una innovación en materia de salud, aunque no entendiendo innovación como progreso solamente, sino como algo que pueda redundar positivamente y en conjunto en la sociedad.

"Tenemos un sistema muy segmentado y vinculado con la posibilidad de cobertura que tenga una persona (si tiene algún tipo de sistema de salud que lo proteja explícitamente). En ese sentido, una innovación puede favorecer a algunos, pero no necesariamente alcanzar a otros", destacó el especialista, quien indicó que el requisito básico debería ser lograr un piso básico de derechos para todos los habitantes del país (algo que, según consideró, hoy no existe). "Toda persona, por el solo hecho de formar parte de la sociedad, debe tener un piso mínimo de derechos garantizados. Tanto en términos de prestaciones, calidad y protocolo. Pero sólo una parte de la población (alrededor de 20 millones de personas) tiene un programa de cobertura que les da esa base. Y es menos de la mitad de la población", advirtió.

Asimismo, Glanc destacó que se trata de una cuestión de decisión política. "Los argentinos gastamos un poquito más de 10% del PBI en salud. No hay ninguna otra industria o actividad lícita que gaste uno de cada 10 pesos. Pero no es un tema de dinero. La mayor problemática es la falta de decisión política para poder afrontar esto. Pasan muchas cosas así en Argentina porque no tenemos la resolución política de arremangarnos los puños y decidir ponernos a trabajar en algo para quien le corresponda y a pesar de quien le pese. Pero nuestro país tiene todas las posibilidades para crecer", indicó.

Las enfermedades no transmisibles

Glanc además se detuvo en la tendencia mundial que lleva a centrar el paradigma en aquellas patologías no transmisibles (como son las enfermedades cardiovasculares, las neurodegenerativas o el cáncer). "No son contagiosas y afectan a las personas a partir de cierta edad. Estas eran las enfermedades por las que las personas antes se morían, pero ahora son aquellas con las que la gente vive. Esta combinación entre envejecimiento y enfermedades no transmisibles es el punto de impacto más importante de nuestras enfermedades", resumió.

Consultado sobre las campañas ante estos cuadros, el especialista destacó que se ha hecho mucho, pero que también queda bastante por hacer. "Son efectivas en algunos casos, pero en otros no tanto. En materia de tabaquismo, hemos tenido avances muy importantes ya que hay gente que dejó de fumar, y también se redujo el porcentual de fumadores. Pero todavía no se ha logrado un adecuado control de la Hipertensión Arterial o de los factores de riesgo, ni tampoco de la obesidad infantil y la alimentación correcta. En ese punto los resultados son variables; según la enfermedad de la que hablamos, pero también del lugar en el que estamos. En Argentina tenemos 24 sistemas de salud (uno por provincia)", sintetizó.

Fuente: Diario Uno