miércoles, 22 de marzo de 2017

Fallo contra el PAMI por daño moral

Partes: C. J. c/ PAMI s/ daños y perjuicios

El daño moral sufrido por la muerte de un padre se tiene por acreditado por la sola comisión de las conductas antijurídicas -se prueba in re ipsa- y se sustenta en el art. 1078 del CCiv.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 
Sala/Juzgado: I 
Fecha: 8-sep-2016

Sumario:

1-Corresponde elevar el monto por daño moral otorgado a un hijo por la muerte de su padre, debido al dolor que ha percibido como el abandono asistencial de su padre enfermo, la indiferencia y el desinterés médico, la frustración de toda chance de sobrevida y el tránsito del padre por un proceso de deterioro y sufrimiento que hubiera podido aliviarse o revertirse. 

Fallo:

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre de 2016, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez Ricardo Víctor Guarinoni, dijo:

1. - A fs. 631/636 luce la sentencia del Juez de la anterior instancia, que decide hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando solidariamente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y a Desarrollos en Salud S.A. (tercero citado) a abonar al actor la suma de $ 15.000, con más los intereses impuestos en el considerando 5 y las costas del juicio, inherentes a la reparación de los daños y perjuicios -moral y psicológico- derivados de la muerte de su padre por la deficiente práctica médica del demandado y del citado como tercero.

2. - Tal decisión fue apelada por el actor, quien expresó agravios a fs. 663/666, los que fueron respondidos por el Instituto a fs. 668/669.

3. - Los agravios de C. se refieren al monto indemnizatorio que fijó el a quo por la suma de $ 15.000 a fin de resarcir el daño moral y el psicológico, al que considera reducido. Señala que en el escrito inicial reclamó por cada uno de ellos la cantidad de $ 125.000, haciendo un total de 250.000.

4.- Conforme a la línea jurisprudencial del Tribunal, las alteraciones de índole psíquica no constituyen, en principio, una categoría autónoma con relación al daño material o moral, pues la incapacidad afecta al ser humano como unidad personal, si bien puede proyectar su influencia a través de consecuencias que repercuten tanto en una u otra esfera, ya sea por la pérdida de ventajas de índole económica (esta Sala, causa n° 2765/98 del 31/10/00, entre otras), o por los padecimientos morales que puede producir en el sujeto (esta Sala, causa n° 3309/98 del 14/3/00). Si el daño psíquico se refleja en una mayor perturbación de la vida laboral o de relación, frecuentemente es compensado a través de un incremento de la "incapacidad sobreviniente" o, como ha sido examinado en otros precedentes, el resarcimiento se resuelve a través de la admisión de una suma destinada a cubrir gastos futuros de rehabilitación psicológica (esta Sala, causa n° 5306/00 del 8/6/04).

Ahora bien: el concepto fue reclamado en el escrito inicial pero no pudo ser probado por el aquí accionante. Ello, pues no ofreció prueba psicológica a fin de demostrar que la incapacidad que alega hubiese tenido consecuencias en la esfera patrimonial o que hubiese sido necesario un tratamiento psicológico.

En este expediente, el señor Juez de primera instancia ha comprendido este rubro en el cálculo del daño moral del actor y su criterio no puede sino compartirse.

5. - Precisamente, en autos, el demandante se agravia por considerar exiguo el resarcimiento del daño moral, que el señor juez a-quo ha fijado en $ 15.000, teniendo en cuenta los penosos sufrimientos y menoscabos espirituales, la horrible muerte de su padre, víctima de negligencia, desatención y abandono por parte de las demandadas.

En cuanto a las quejas vertidas en relación al quantum fijado en concepto de daño moral, sabido es que se trata de un concepto que procura compensar el perjuicio sufrido en valores espirituales:la paz, la tranquilidad de espíritu, la preservación de los afectos familiares. Su reparación tiene carácter resarcitorio y no sancionatorio, pues se procura establecer una compensación que, en alguna medida, morigere los efectos del daño moral sufrido (Zavala de González, M., "Cuánto por daño moral", La Ley 1998-E-1057). En estos autos se discute el dolor de un hijo por lo que ha percibido como el abandono asistencial de su padre enfermo, la indiferencia y el desinterés médico, la frustración de toda chance de sobrevida y el tránsito del padre por un proceso de deterioro y sufrimiento que hubiera podido aliviarse o revertirse. Además, tengo en cuenta las edades tanto de Salvador como de J. C., como así también la condición de médico de éste. En estos autos, considero que el daño moral sufrido por J. C. por la muerte de su padre se tiene por acreditado por la sola comisión de las conductas antijurídicas -se prueba in re ipsa- y se sustenta en el artículo 1078 del Código Civil. En tal contexto, son fundados los agravios del actor y propiciaré elevar el monto del daño moral a la suma de $ 30.000.

6. - Por lo expuesto, propongo confirmar la sentencia apelada, salvo con relación al monto del daño moral que se eleva a la suma de $ 30.000, con costas a la demandada de conformidad con el principio general del vencimiento objetivo (art. 70, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto de acuerdo con Digesto Jurídico Argentino).

El doctor Francisco de las Carreras adhiere al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, salvo con relación al monto del daño moral que se eleva a la suma de $ 30.000, con costas a la demandada de conformidad con el principio general del vencimiento objetivo (art. 70, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, DJA).

La doctora María Susana Najurieta no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 14 de la Acordada 34/77 CSJN).

Regístrese, notifíquese y pasen los autos a resolver la materia de honorarios.

Ricardo Víctor Guarinoni

Francisco de las Carreras

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

lunes, 20 de marzo de 2017

Se ordena a prepaga a mantener afiliación y cuota

Partes: R. M. R., R. H. c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ incumplimiento de prestación de obra social

La empresa de medicina prepaga debe mantener la afiliación del actor en el plan y cuota convenidos.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 
Sala/Juzgado: de Feria 
Fecha: 24-ene-2017

Sumario: 

Resultado de imagen para martillo juez1.-Corresponde mantener la afiliación del actor en la empresa de medicina prepaga y en atención a la subsistencia de la relación jurídica habida entre las partes a partir del contrato inicial conlleva a cumplir con el plan de cobertura a los valores convenidos, ordenando a la demandada que se ajuste a ellos.

2.-Las cláusulas que facultan a las empresas de medicina prepaga a disponer la baja del afiliado, sin intimación previa de pago bajo apercibimiento de rescisión son abusivas por ser desproporcionadas en relación con las consecuencias, habida cuenta de que no contemplan la posibilidad de que el consumidor sea advertido y ajuste su conducta al pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos, por ello debe otorgarse un breve plazo que permita la regularización del afiliado. 

Fallo:

Buenos Aires, 24 de enero de 2017.

AUTOS Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 26/27 contra la resolución de fs. 24/25, y CONSIDERANDO:

1. El señor Juez hizo lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenó a la obra social demandada arbitrar los medios necesarios a fin de que el accionante mantenga su afiliación al plan 110, efectuando los debidos aportes, hasta tanto se dicte sentencia. Asimismo, el magistrado decidió que no correspondía emitir juicio sobre la cuestión vinculada al aumento del valor de la cuota, por considerar que la determinación de si la baja de la afiliación había sido ilegítima excedía el limitado marco de conocimiento del trámite cautelar.

Este pronunciamiento se encuentra apelado por el peticionario (letrado en causa propia), quien -en lo sustancial- sostiene que si bien se otorga la medida cautelar en forma aparente, al dejarse librado al arbitrio de la accionada la determinación de la eventual suma a fijarse como contraprestación del servicio de medicina prepaga -situación de hecho idéntica a la denunciada y que motivara el inició de la acción, se niega -en definitiva- la petición cautelar solicitada.

A ello agrega que ante un hipotético caso en el que se le quiera cobrar una determinada cantidad de dinero, tal vez le resulta más conveniente irse a otra prepaga.

En los términos en los cuales la cuestión se encuentra planteada, se debe puntualizar que es adecuado recordar que la actuación del Tribunal de Feria corresponde sólo en forma excepcional para asuntos que no admiten demora (art. 4 del Reglamento para la Justicia Nacional), y cuando la falta de un resguardo o de una medida especial, en un momento determinado, pueda causar un mal irreparable por el transcurso del tiempo hasta la reanudación de la actividad judicial ordinaria (conf.esta Cámara, Sala de Feria, causas 21.248/96 del 7.1.97; 27.042/94, 4608/94 y 17.617/96 del 16.1.97; 22.512/96 del 23.1.97; 20.588/96 del 24.1.97; 4352/99 del 25.1.00; 10.396/00 del 4.1.01 y 8797 del 21.7.01 -y sus citas-, entre otras).

En tales condiciones, y habida cuenta de que los agravios vertidos se refieren a los alcances del derecho a la salud del accionante reconocidos en la decisión apelada, corresponde la habilitación de la Feria para resolver el recurso.

Ello sentado, se debe poner de manifiesto que -según se expone en el escrito de inicio- el actor se encontraba afiliado al plan ACCORD Salud 110 de la accionada, abonando sus facturas por débito automático de su tarjeta de crédito y que, por un problema de rechazo del sistema, se produjo un atraso en sus pagos, adeudándose -al mes de junio de 2016- las facturas correspondientes a noviembre de 2015 y abril de 2016.

Señala el actor que la deuda fue cancelada el 30 de junio pero que, de todos modos, fue dado de baja porque -según le informaron- el pago "NO HABÍA TENIDO IMPACTO" a tiempo (ver fs. 15). Manifiesta que no obstante ello, le comunicaron que podía re-afiliarse abonando los nuevos aranceles.

Finalmente, también cuestiona que se le haya aplicado un aumento en razón de su edad, destacando que pasó de la categoría "titular de 41 a 50 años" (cuyo monto asciende a $ 1054), a la de "titular de 51 a 60 años", cuyo importe alcanza la suma de $ 1212,01.

En dichas circunstancias, se debe precisar que el marco regulatorio de las Empresas de Medicina Prepaga se encuentra establecido en la ley 26.682 (promulgada el 16 de mayo de 2011), cuyo art.9 establece la posibilidad de rescisión -en lo aquí interesa- cuando el usuario incurra, como mínimo, en la falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas, debiendo comunicarse en forma fehaciente la constitución en mora e intimarse a la regularización dentro del término de diez días.

En consecuencia, y si bien la demandada le manifestó al actor que las cuotas adeudadas serían 3 -puesto que el pago de la correspondiente a junio de 2016 también habría sido rechazada (ver fs. 8 y 9)-, tampoco sería de aplicación la hipótesis prevista en la referida norma, al no tratarse de cuotas consecutivas.

A ello cabe agregar que esta Cámara ha resuelto anteriormente que este tipo de cláusulas que facultan a las demandadas a disponer la baja del afiliado, sin intimación previa de pago bajo apercibimiento de rescisión son abusivas por ser desproporcionadas en relación con las consecuencias, habida cuenta de que no contemplan la posibilidad de que el consumidor sea advertido y ajuste su conducta al pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos, señalándose también que debe otorgarse un breve plazo que permita la regularización del afiliado (conf. Sala 1, causas 4765/08 del 20.9.12, 4088/12 del 17.4.13, 4408/14 del 13.8.15, entre otras).

Sobre la base de lo expuesto, la Sala comprarte el criterio del Juez de primera instancia en cuanto a la configuración de la verosimilitud del derecho y del peligro en la demora, teniendo en cuenta -respecto de este último- que esta Cámara ha reconocido que en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resulta suficiente para tenerlo por acreditado, a la incertidumbre y la preocupación que ellas generan (conf.Sala 1, causas 6655/98 del 7.5.99, 436/99 del 8.6.99, 7208/98 del 4.11.99, 1830/99 del 2.12.99, 1056/99 del 16.12.99 y 7841/99 del 7.2.00; en ese sentido, ver Fassi-Yáñez, "Código Procesal comentado", t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota nº 13 y Podetti, "Tratado de las medidas cautelares", pág. 77, nº 19).

Sin embargo, discrepa en lo concerniente al modo en que se confirió la medida. Ello es así pues, tal como lo señala el apelante en su recurso (ver fs. 27), mantener la afiliación sin consideración alguna al valor de la cuota equivale a neutralizar, en los hechos, la providencia cautelar.

En atención a ello y a que la subsistencia de la relación jurídica habida entre las partes a partir del contrato inicial conlleva a cumplir con el plan de cobertura a los valores convenidos, corresponde que la afiliación que se ordena se ajuste a ellos.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: admitir la apelación y precisar que el valor de la cuota deberá adecuarse a los términos y condiciones oportunamente acordados entre las partes.

ASÍ SE DECIDE.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo Graciela Medina Ricardo G. Recondo

Fuente: Microjuris

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jueves, 16 de marzo de 2017

La ANMAT prohibió productos alimenticios y cosméticos

Las restricciones fueron comunicadas este jueves en el Boletín Oficial.

Con la firma de seis disposiciones, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) estableció la prohibición del uso y comercialización de decenas de productos alimenticios y cosméticos por distintas irregularidades detectadas.

A través de la Disposición 2506/207, la ANMAT prohibió la comercialización del producto "Miel Artesanal" de la marca El Pana. Según se indica en los fundamentos del texto, el artículo "carece de autorizaciones de establecimiento y de producto y estar falsamente rotulado al consignar números de registros que no le corresponden, resultando ser un producto ilegal". "Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio", se explica.

Con la Disposición 2505/2017, la autoridad regulatoria estableció la prohibición del producto "Alimento a base de miel y jarabe de maíz", de la marca Las Marías. Luego de un procedimiento realizado en la Ciudad de Buenos Aires, se consignó que el número de RNPA no corresponde a los vigentes, que el envase declara en forma incorrecta e incompleta la información nutricional y que, además, emplea "vocablos e ilustraciones que inducen al error, equivoco, confusión o engaño al consumidor en relación con la verdadera naturaleza del producto". 

A través de la Disposición 2503/2017, se prohibieron cuatro productos y, por otra parte, se instruyó un sumario sanitario a las dos empresas comercializadoras, High Care y Dapharma. "Se trata de productos ilegítimos que fueron comercializados por las empresas titulares, pero no fueron elaborados en los establecimiento declarados ante la autoridad sanitaria", reza el texto.

"Difieren en las características de rotulado respecto de las unidades legítimas y se desconoce quiénes son sus elaboradores y si han sido formulados de acuerdo a los lineamientos de la normativa vigente para productos cosméticos", añade.

Los artículos son los siguientes:

— HIGHCLOR – HIGH CARE formulada en jabón líquido, Cont. Neto 250 ml, Industria Argentina, Jabón líquido antibacteriano con digluconato de Clorhexidina LOTE: 0390

— CLORHEXIDINA BUCAL sin sabor p/buches, 250 ml, Leg: 2488, LOTE: 0998, VTO: 06/2018

— DAMPHARMA la salud en tus manos – Jabón líquido con Clorhexidina 4 High Care, Cont. Neto 250 ml, Industria Argentina, L: 6388 – V: 05/18

— HIGH CARE Alcohol en Gel 70 %, formulado con alcohol de cereal, Cont. Neto 250 ml, Industria Argentina, Lote 2287 – vto: 10/2018

La Disposición 2504/2017 marcó la prohibición del uso y la comercialización de los siguientes productos cosméticos. El segundo artículo ordena instruir un sumario administrativo a la firma importadora Beauty Trade Consulting S.R.L.

— KLAPP A Classic Hydrogel Eye Patches, 5 x 2 unidades, codificado con las siglas CH: 141113, KLAPP Cosmetics GmbH KLAPP-Alle 1-5 DE-37235 Hessisch Lichtenau, Made in Germany.

— KLAPP A Classic Hydrogel Face Mask x 3 pieces, codificado con las siglas CH: 140416, KLAPP Cosmetics GmbH 37235 Hessisch Lichtenau, Germany.

En el marco de una inspección, se describe en los argumentos, el presidente de la firma "manifestó que los productos no cuentan con inscripción sanitaria y que fueron ingresadas al país por su cuenta aproximadamente 15 unidades de cada producto, obviando en consecuencia el trámite de autorización de importación por parte de esta ANMAT". Y detalla que "declaró haberlos entregado a la responsable de la farmacia sin una finalidad comercial".

Con la Disposición 2501/17, la ANMAT prohibió decenas de productos cosméticos y también ordenó instruir un sumario sanitario a la firma RAFFINÉE, encargada del envasado y acondicionado de las presentaciones.

La mayoría de estos productos "carecen de inscripción ante esta Administración Nacional, se desconoce quiénes fueron sus elaboradores o sus importadores (ítems A y B), se desconocen los respectivos responsables de su comercialización y si fueron formulados con ingredientes y bajo concentraciones permitidas de acuerdo a los lineamientos de la normativa vigente al respecto", dice el texto.

—Flash Botox Capilar, Acido Hialuronico + Protein, Industria Brasileira, Contenido neto 130 c.c.

— evans Forte, escova progressiva com queratina e vitaminas, Keratin Restore, Industria Brasileira.

— Keratina 100 %, mantiene el alisado por 30 días, nutre-reconstruye la fibra capilar-reafirma un brillo duradero, sin enjuague, Industria Argentina.

— Milenium ProfessionaI Gel Fijación Intensa, fija-estructura y define, Cont. Neto 1000 ml, Ind. Argentina

—bellsui 10 v, Cont. Neto 1000, Industria Argentina

—bellsui 40 v, Cont. Neto 1000, Industria Argentina

—Laureth Profesional Aceite para masajes NEUTRO, Cont. Neto 500 ml, Industria Argentina

—Laureth Profesional Sedante Muscular, Extractos de Guarana, Cafeína y Alcanfor, Cont. Neto 1000 g, Industria Argentina

—Laureth Profesional Exfoliante corporal, Aloe Vera – Semillas de Frutos – Soja y Extractos Bitaminicos, Cont. Neto 1000 g, Industria Argentina

—Laureth Profesional Gel Post Depilatorio Descongestivo, Manzanilla – Caléndula y Tilo, Cont. Neto 1000 g, Industria Argentina,

—Laureth Profesional Crema Manos y Cuerpo, Miel – Glicerina – Avena y Vitaminas A, E y B1, Cont. Neto 1000 g, Industria Argentina

—Laureth Profesional Gel Criógeno Modelador Polar, Centella asiática-Mentol y Algas, Cont. Neto 1000 g, Industria Argentina

—Raffinée imaginación y color – Quitaesmalte Oleoso (liquido color amarillo).

Por último, la Disposición 2502/2017 se ocupa de establecer la prohibición preventiva del uso y comercialización en todo el territorio nacional de todos los productos de la firma Amasutra. Por otro lado, se ordena instruir un sumario sanitario a la compañía.

La propia dueña de la firma, Magdalena Ávalos, reconoció que la empresa "carece de la pertinente habilitación competente para realizar las actividades de elaboración, envasado y acondicionado de productos cosméticos ante esta Autoridad Sanitaria". Además, afirmó "que los productos no se encuentran inscriptos ante esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)".

Fuente: Infobae

miércoles, 15 de marzo de 2017

Obra social debe cubrir íntegramente tratamiento con hormona de crecimiento requerido para menor

Partes: D. M. c/ Obra Social del Poder Judicial s/ amparo de salud

La obra social demandada debe cubrir íntegramente el tratamiento con hormona de crecimiento requerido para una menor.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 
Sala/Juzgado: II 
Fecha: 7-sep-2016

Sumario: 

Resultado de imagen para martillo juez1.-Corresponde hacer lugar a la acción promovida por la madre de una menor contra una Obra Social y condenarla a brindarle cobertura integral, continua y oportuna para un tratamiento con hormona de crecimiento indicado por la profesional médica que la atiende, ya que si bien la obra social sostuvo que el método terapéutico prescripto en el caso es experimental, la invocada ausencia de recomendación firme basada en evidencia del tratamiento combinado no es un obstáculo suficiente para la denegatoria, en tanto no se han ponderado las particularidades propias del caso: no haber logrado el crecimiento de recuperación anteriormente y haber comenzado el desarrollo puberal. 

Fallo:

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2016.- ER

VISTO: el recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 236/240, que contó con las réplicas de fs. 242/250 y 253/255, contra la sentencia de fs. 228/231; y

CONSIDERANDO:

1) Que la señora juez hizo lugar a la acción promovida por Laura Virginia D. -en representación de su hija menor M. D.- contra la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, a quien condenó a brindarle cobertura integral, contínua y oportuna para los tratamientos indicados por la profesional médica que la atiende. Asimismo, impuso a la demandada las costas del juicio.

La obra social apeló el pronunciamiento. Luego de reseñar algunos antecedentes del caso, sostuvo que el método terapéutico prescripto en el caso es experimental, por lo que la sentencia vulnera la normativa vigente y pone en riesgo la salud de la paciente. Citó jurisprudencia que estima aplicable al caso y destacó que en el sub lite no se encuentran reunidos los requisitos fijados en la Resolución n° 2091/10 del Ministerio de Salud para acceder a la cobertura del tratamiento con hormona de crecimiento. Añadió que la interpretación de la juez soslaya la obligatoria intervención estatal en los procedimientos de autorización y contralor que le corresponde como autoridad sanitaria, poniendo en cabeza de las obras sociales el financiamiento de investigaciones científicas. Por último, cuestionó también la imposición de las costas y el monto de los honorarios regulados.

Conferido el traslado pertinente, fue replicado por la actora y por el señor Defensor Público Coadyuvante mediante las presentaciones obrantes a fs. 242/250 y 253/255, respectivamente.

2) Atendiendo a los términos en que ha quedado planteada la cuestión a resolver, cabe señalar inicialmente que este tribunal comparte el análisis efectuado por el señor Fiscal General en su dictamen de fs.262/266, lo que conduce a desestimar los agravios propuestos por la recurrente.

En primer lugar, es claro que las consideraciones formuladas en los fallos de esta Cámara invocados en apoyo de los agravios propuestos no pueden ser extrapoladas sin más a este caso. Esos precedentes no se relacionaban con el suministro de medicamentos u hormonas sino que se trataba de la aplicación de vacunas T Linfocitarias y trasplantes autólogos, esquema terapéutico que no contaba con autorización de la ANMAT ni de organismos similares de reconocida autoridad.

En este caso, estamos ante un tratamiento que procura dar una solución al cuadro que presenta la actora por dos vías diferentes a los efectos de lograr la finalidad perseguida: por un lado obtener un aumento de su talla y, paralelamente, demorar su desarrollo puberal, debido a las consecuencias que éste tiene en la maduración ósea y el cierre de los cartílagos de crecimiento (confr. fs. 203).

La recurrente insiste en la circunstancia de que la actora no reúne los requisitos previstos en la Resolución n° 2091/10 del Ministerio de Salud para acceder a la provisión de hormona de crecimiento. No obstante, ese planteo soslaya lo que este tribunal había puntualizado al examinar la apelación deducida contra la medida cautelar, y es la situación particular que se presenta en el sub lite, donde al cuadro de baja talla se suma el inicio de la pubertad. Se trata de una situación compleja, porque lo segundo trae aparejado una tasa de crecimiento mayor a la que venía desarrollando la niña, circunstancia que a su vez incide en lo dicho sobre los requisitos de la Resolución n° 2091/10.No obstante, de acuerdo con lo que surge del informe pericial, la actora no logró el denominado crecimiento de recuperación durante sus primeros años de vida.

Es por ello que no tiene mayor trascendencia determinar si en la accionante se verifica o no un cuadro de pubertad precoz, porque más allá de esa caracterización, lo que resulta relevante es que en el caso de la actora su desarrollo puberal ya ha comenzado y que ello implica consecuencias en lo relativo a sus posibilidades de crecimiento hacia el futuro.

Por otra parte, la situación escapa también a las previsiones de la Disposición n° 6677/2010 de la ANMAT (que, a su vez, derogó y sustituyó las previsiones de la Disposición n° 5330/97, invocada por la apelante), que establece un "Régimen de Buenas Prácticas de Investigación en Estudios de Farmacología Clínica", sin que se advierta que su normas sean aplicables en los términos en que quedó planteada esta controversia.

3) En las condiciones descriptas, estima el tribunal que la invocada ausencia de recomendación firme basada en evidencia del tratamiento combinado no es un obstáculo suficiente para la denegatoria, en tanto no se han ponderado las particularidades propias del caso: no haber logrado el crecimiento de recuperación anteriormente y haber comenzado el desarrollo puberal.

Naturalmente, se suma a ello lo expuesto por la perito médica, en cuanto afirma que lo prescripto por la profesional que interviene en el caso es "un tratamiento con fundamentación científica, del cual no se han descripto efectos colaterales significativos, con recuperación del eje hipótálamo hipófiso gonadal una vez cesado el tratamiento, y del cual cabría esperar que la niña M. D. se beneficie, adquiriendo una estatura adulta normal" (fs.203). Y en el mismo orden de ideas, la experiencia favorable que la médica tratante de la niña manifiesta haber tenido en casos similares con su grupo de trabajo -extremo no controvertido por la demandada- y la respuesta favorable que se observó en el caso concreto, al cabo de tres meses de iniciado el tratamiento, de acuerdo con lo expresado a fs. 168.

En función de ello, y valorando igualmente los argumentos concordes expresados por el señor Fiscal General a fs. 262/266 -que, como ya se dijo, el tribunal comparte- SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas.

Teniendo en cuenta la entidad, mérito y extensión de las tareas cumplidas en la instancia de origen, se confirman los honorarios regulados por el señor juez, en tanto por la labor de alzada se fijan los emolumentos de la Dra. Laura Virginia D. en la suma de ($.) (arts. 6 y 14 de la ley 21.839, con las modificaciones introducidas por la 24.432).

Regístrese, notifíquese -al señor Fiscal General y a la señora Defensora Pública Oficial en sus respectivos despachos- y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

GRACIELA MEDINA

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.