miércoles, 22 de noviembre de 2017

Empresa de medicina prepaga debe cubrir servicio de escolaridad a menor con discapacidad

Partes: B. M. I. en rep. de su hijo I.B c/ OSDE s/ prestaciones médicas

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín 
Sala/Juzgado: II 
Fecha: 9-oct-2017

La empresa de medicina prepaga demandada debe cubrir el servicio de escolaridad a un menor que padece Síndrome de Down, en tanto se considera conveniente la continuidad del niño en el establecimiento solicitado habida cuenta de un posible desarraigo y vulneración del mismo frente a un cambio a otro.

Sumario: 

Resultado de imagen para martillo juez salud1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada a fin de que un menor que es afiliado a la empresa de medicina prepaga demandada obtenga la cobertura del servicio de escolaridad e integración en la forma y el lugar que dado su patología y necesidades él requiere, ello así, porque ante las específicas indicaciones de la profesional que lo asiste y la patología padecida - Síndrome de Down -, la recurrente no aportó al legajo ningún elemento de juicio objetivo, científico e idóneo que autorice a disponer una solución distinta, según las reglas de la sana crítica, máxime cuando se acreditó el buen proceso para el niño, su integración y la adecuada integración a la institución. 

Fallo:

San Martín, 9 de octubre de 2017.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Vienen estas actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la resolución de fs. 32/34 que hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada. Con réplica de la contraria y de la Asesoría de Menores (cfr. fs. 49/59v., 93/93v., 103/107v., 110, 112/114, 115; art. 15, ley 16.986). Liminarmente, se debe puntualizar que las medidas cautelares exigen a los jueces un examen según el estándar de la certeza suficiente o en rango de seria verosimilitud. Además, no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del demandante y lleva ínsita una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie según el grado de probabilidad, los intereses del reclamante y la garantía defensiva del demandado (doct. Fallos, 306:2060; 320:1633, entre muchos).

II. Sobre esas bases, a primera vista, del legajo surgen acreditados los siguientes hechos esenciales y decisivos para este miniproceso, a saber: En primer lugar, está indiscutido que el menor I.B., de 14 años de edad, es afiliado de OSDE (n° 60 743573 8 05, Plan 310, cfr. DNI y credencial, fs. 4), y posee certificación de discapacidad del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (ley 22.431), emitida por el Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza, que prueba el "Diagnóstico: Síndrome de Down (...) Orientación Prestacional: Rehabilitación - Prestaciones Educativas (...) Acompañante: Sí" con validez "hasta el: 30/9/2019" (cfr. fs. 13). En segundo lugar, el 7 de julio de 2017, se intima al demandado a fin de que brinde "el servicio de escolaridad e integración en la forma y el lugar que dado su patología y necesidades él requiere", quien responde el 13 de julio de 2017 que "no corresponde que la obra social cubra los gastos de la escuela común privada" (cfr. cartas documento, fs.14 y 43). En tercer lugar, el 10 de julio de 2017, la Dra. Luisa B. Granato, médica pediatra (MN 81371 - MP 110210), indica que "el menor I.B. para su integración social y cumplimiento de escolaridad debe acudir a escuela común con proyecto de integración, consistente en adaptación de currícula y acompañamiento diario de un docente integrador durante toda su jornada escolar. Evaluando el caso, este especialista determina que el lugar adecuado para que se lleve adelante esta prestación es el Instituto La Salle y no otra institución" (cfr. fs. 6).

En anteúltimo lugar, el 14 de julio de 2017 el juzgado hace lugar parcialmente a la medida cautelar y ordena a OSDE que proceda a "la cobertura respecto del niño I.B. de las prestaciones Escolaridad Común y Apoyo a la Integración Escolar en el Instituto La Salle Florida (al que concurre) al 100 % de los valores asignados según nomenclador aprobado por Res. 428/1999 del Min. De Salud y sus modificatorias" (cfr. fs. 32/34). Finalmente, del informe socio-económico y ambiental requerido por este Tribunal, surge que el grupo familiar conviviente del niño se integra con la madre (Verónica Berrocal, de 42 años), el padre (M. I. B., de 43 años), su hermana (C.B., de 13 años) y su hermano (A.B., de 15 años). Respecto al nivel económico manifestó la Sra. B. "que su esposo es quien sostiene los gastos del hogar (...) percibe pesos veinticuatro mil ($24.000,00) por mes más comisiones. Agregó que (...) colabora en la actividad de gestora de una amiga, en forma eventual, por lo cual recibe un rédito económico inestimable y escaso. Sus hijos (...) asisten a educación de gestión privada con media beca, cuyo gasto asciende a pesos diez mil ($10.000,00) por mes.En cuanto a I.B (...) en presente año, ascendió la cuota a pesos quince mil ($15.000,00) por mes más y la cuota de alumno de pesos siete mil ochocientos ($7.800,00), por lo cual les fue imposible abonar la escolaridad del niño mencionado". En cuanto a su situación educativa, en el Colegio Lasalle de Vicente López, "tuvo una buena experiencia educativa. Continuó allí hasta la fecha (...) ha tenido una buena integración, tiene amistades y además el año próximo, otros dos niños con mismas características comenzarán el nivel secundario con el niño (...) quien manifestó que tiene amigos, que los menciona y con quienes comparte juegos". Concluye la delegada que "habida cuenta del buen proceso para el niño, su integración, la adecuada integración a la institución, se considera conveniente la continuidad del niño en el presente establecimiento habida cuenta de un posible desarraigo y vulneración del mismo frente a un cambio a otro". (cfr. fs. 122/123).

Así las personas y las cosas, frente a valores tales como la preservación de la salud y de la vida misma, y la garantía de protección integral de las personas discapacitadas (tendiente a asegurar su atención médica, educación, seguridad e inserción social), el derecho invocado por el peticionante aparece verosímil y urgente a primera vista, y la medida ordenada como el medio idóneo para su resguardo provisional, a fin de evitar de un modo razonable el peligro de un perjuicio irreparable. Ello así, porque ante las específicas indicaciones de la profesional que asiste al menor aminorado y la patología padecida ("Síndrome de Down"), la recurrente no aportó al legajo ningún elemento de juicio objetivo, científico e idóneo que autorice al Tribunal a disponer una solución distinta, según las reglas de la sana crítica.Tampoco hay un contradictor médico o prueba de la existencia de escuelas públicas que permitan la integración, que sean adecuadas a las necesidades especiales del menor discapacitado y, en su caso, que cuenten con vacantes. A contrario, estaría acreditada en grado de suficiente probabilidad la necesaria continuidad de los específicos requerimientos educativos (cfr. fs. 6). Luego, para garantizar el derecho superlegal "a cuidados y asistencia especiales" y el "acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia", en función del "interés superior del niño", en el concreto caso, parecería prudente no innovar, manteniendo provisionalmente las prestaciones que recibe en el Instituto La Salle Florida, con una integración escolar que prima facie es "posible e indicada" para un menor de 14 años con una discapacidad certificada hasta el 30 de septiembre de 2019, cuestión indiscutida entre las partes. Sumamos que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad y le permitan bastarse a sí mismo, del acceso efectivo a los servicios de rehabilitación y las oportunidades de esparcimiento, a fin de lograr su integración social y el desarrollo individual en la máxima medida posible (doct. arts. 14 bis, 43, 75, 19), regla 1ra, 22) y 23), Const. Nacional; arts. 12, 1), 2.a) y 13, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 24, 1), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 8, 25, 1), 2) y 26, Declaración Universal de los Derechos Humanos; arts. 5, 1), 19 y 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 1, 7, 11, 12, 16, y 18, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 3, 1), 23, 1), 2), 3), 24, 1), 26, 27, 1), 28, 1), 29, 1.a), Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 1, 7, 1), 2), 20 y 24, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; arts. 1 y 2, ley 22.431; arts.1, 2, 9, 13, 15, 16, 17, 22, ley 24.901; arts. 1, 2, 3, 8, 14, 15, 27, 29, ley 26.061; punto 2.1.6.2, Res. MSyAS 428/1999; arts. 34, 4), arts. 163, 5) y 6), 377, 386, CPCC). Por tanto, encontrándose configurados en la especie los presupuestos legales de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, corresponde rechazar los agravios de la accionada y confirmar la medida cautelar ordenada, hasta el dictado de la sentencia en el principal. (doct. Fallos, 319:1277, 320:1633; arts. 163, 5), 230, 377, 386, CPCC).

III. Sin perjuicio de lo resuelto, el Tribunal, como director del proceso, sugiere al juzgado de origen la pertinencia de una experticia del Cuerpo Médico Forense sobre las concretas y actuales circunstancias de salud del paciente; la necesidad y/o conveniencia para este concreto menor de 14 años de asistir a escolaridad común con apoyo a la integración, sus características, ventajas y/o beneficios, como cualquier otro dato de interés para el caso (doct. arts. 34, 5) y 36, 4), CPCC; art. 63, c), dcto. ley 1285/58 -ratificado por ley 14.467 y modificatorias-; art. 2, Anexo de la Acordada n° 47/09 CSJN, Reglamento General del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

1°) CONFIRMAR la resolución de fs. 32/34, en cuanto es materia de apelación y agravios. 2°) TENER PRESENTE lo señalado en el Considerando III), a sus efectos. 3°) COSTAS de alzada en el orden causado atento las particularidades del caso (doct. arts. 68, 2do. párrafo, 69, 163, 6), CPCC; art. 17, ley 16.986). A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia de vacancia de la vocalía N° 4 en esta Sala -decreto 385/2017 del PEN-. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE (LEY 26.856 y ACORDADA CSJN 24/2013) y DEVUÉLVASE. Previo, anticípese vía correo electrónico.

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

martes, 21 de noviembre de 2017

Limitarán la edad para la cobertura de los tratamientos de fertilización in vitro

Cuando se trate tratamientos con óvulos propios, la edad máxima será de 43 años; aún están en discusión varias "zonas grises" de la Ley 26.862.

Planean limitar la edad para la cobertura de tratamientos de fertilización asistidaEl ministerio de Salud de la Nación avanza en la clarificación de la Ley 26.862, que reglamenta la cobertura de la reproducción medicamente asistida. Ya se evaluó, y se oficializará próximamente, el máximo de edad para cubrir tratamientos de fertilización in vitro. Está en redacción la resolución que establece que cuando se trate tratamientos con óvulos propios, la edad máxima será de 43 años; mientras que para los casos en que se utilicen óvulos donados, se extiende hasta 50 años.

El procedimiento de fertilización in vitro comprende una técnica de reproducción asistida, definida como de "alta complejidad", en la que se busca formar un embrión en laboratorio, con el óvulo y el espermatozoide, para luego implantarlo en el útero de la madre. 

"Un 15% de las parejas tienen problemas para quedar embarazadas en forma natural", dice el Dr. Gustavo Botti, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer). Aclara que debe pasar un año de intentar concebir sin éxito, para poder dar un diagnóstico de infertilidad. El Registro Argentino de Fertilización Asistida (RAFA) lleva cuenta, desde 2004 hasta 2014, de 62.961 ciclos iniciados de procedimientos de fertilización in vitro, con una tasa de embarazos logrados de 24,03%. 

A partir de la ley 26.862, sancionada en julio de 2013, el estado argentino garantizó "el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida" para toda persona mayor de edad. Sin embargo, desde el mismo Ministerio de Salud aceptan que la ley es imprecisa y da lugar a distintas interpretaciones, que generan un sinfín de conflictos entre quienes necesitan realizarse los tratamientos y las obras sociales o empresas de medicina prepaga . El ministerio comenzó este año un proceso de revisión de los vacíos legales generados con la ley.

"Es importante discutir y clarificar varios temas dentro de la reglamentación de reproducción medicamente asistida, estamos trabajando mucho en eso", dice Nicolás Neuspiller, coordinador general del Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida. Y agrega: "Actualmente está en redacción la resolución que fija la edad máxima para cubrir el tratamiento; será de 43 años más 365 días, para tratamientos con óvulos propios, y de 50 años, más 365 días para tratamientos con óvulos donados".

El Dr. Gustavo Botti coincide con estos máximos de edades ya que eran los mismos que venían utilizando en la organización. "El máximo de 43 años, para tratamientos con óvulos propios es por un tema de calidad ovositaria, y en el caso de ovodonación, es para proteger la salud femenina", aclara.

"Probablemente la conclusión que se sacó para fijar un límite de edad es la opinión de los especialistas en fertilidad y también las tendencias a nivel mundial, seguramente estaremos acompañando la decisión", dijo Gisella Canton, presidenta de la organización Concebir, que nuclea a los pacientes con trastornos de la reproducción.

Por su parte, las empresas de medicina prepaga consultadas por LA NACION no quisieron emitir una postura con respecto a esta reglamentación.

Se realizó la semana pasada una reunión en la que participó personal del Comité Científico del programa de reproducción asistida junto a la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema, y personal de Jefatura de gabinete de ministros. El objetivo fue analizar los seis vacíos legales más relevantes que se generaron a partir de la ley de medicina reproductiva asistida.

¿Qué sucede cuando hay dos obras sociales o empresas de medicina prepaga involucradas?

La ley establece que el tratamiento deberá ser cubierto por la obra social o empresa de medicina prepaga del paciente, y para aquellas personas que no cuentan con ninguna de las dos opciones, será el Estado quien se haga cargo de cubrirlo. Sobre este aspecto, surge una primer duda, a tratar en la reunión, sobre quien debe cubrir el tratamiento cuando los integrantes de una pareja tiene distinta obra social, o empresa de medicina prepaga, para cada uno. No está determinado en la reglamentación cual deberá hacerse cargo del gasto del tratamiento, o si debieran compartirlo. En la práctica, es común que el tratamiento lo cubra la obra social de la mujer porque es quien se hace la estimulación y la punción, y por ello se entiende que el tratamiento se lo hace la mujer. Existe otra complejidad cuando una pareja está compuesta por dos mujeres.

Betiana y Gabriel Dominguez están casados hace 7 años y cuentan su experiencia en este sentido. "Después de muchos exámenes médicos, nos confirmaron que no podíamos concebir en forma natural y que debíamos realizar un tratamiento de reproducción asistida", dice Betiana. En un primer momento ella tenía la obra social farmacéutica y él la empresa de medicina prepaga Galeno. Como no lograron que la obra social de ella les cubriera el tratamiento de fertilización in vitro, decidieron que Betiana derivase sus aportes a Galeno, que exigía que ambos fueran asociados para aprobar el procedimiento. La empresa autorizó el tratamiento pero les informó que sólo les cubrirían el 40% de los medicamentos y que ellos debían hacerse cargo del resto.

Cobertura de los medicamentos

Quién debe cubrir el gasto de los medicamentos necesarios para los tratamientos, es otro de los temas que se tratarán en la reunión. Hoy, hay empresas de medicina prepaga que cubren el 100 % y otras que cubren sólo el 40%, como fue el caso de Betiana y Gabriel. "Existe un desequilibrio entre lo que dice la ley y un fallo de la Corte Suprema que dijo que solo deben pagar el 40%, entonces hay prepagos que se basan en una cosa y otros en otra; es muy importante aclarar este punto", dice Nicolás Neuspiller.

Registro único de prestaciones

También será analizado el registro único de prestaciones. La resolución número 1 del ministerio de Salud, de este año, establece que cada persona podrá beneficiarse, durante toda la vida del paciente, con un máximo de cuatro tratamientos de baja complejidad y tres de alta complejidad, cada uno con tres transferencias.

La duda surge cuando dos pacientes tienen distinta prepaga y plantean la posibilidad de realizar por ejemplo tres tratamientos de alta complejidad con cada una de las empresas. El objetivo del registro es que se puedan cruzar los datos y arrojar claridad sobre esta normativa.

Útero subrogado

Los embarazos con útero subrogado fueron muy comentados en los últimos tiempos por los casos que se conocieron de famosos, como Marley o Luciana Salazar, que tuvieron hijos a través de este sistema. En todos los casos se trató de úteros subrogados en el exterior y se quiere evaluar la posibilidad de que se realicen en el país. En Argentina no es ilegal, pero aún no está definido y regulado cómo se inscribe al recién nacido, que es otro tema que está en análisis.

Pablo Mazzone escribió un libro, Casa Alquilada, sobre la experiencia que vivieron junto a su mujer, Lucrecia, que los llevó a un alquiler de vientre. Su primer hijo nació a través de un tratamiento de fecundación in vitro del cual quedaron congelados dos embriones, para un futuro tratamiento. Pero a Lucrecia le comunicaron, después de tener a su hijo Gerónimo, que nació de 28 semanas, que su cuerpo no resistiría otro embarazo. Con la ayuda económica de familiares, lograron un embarazo con útero subrogado y hoy son padres de Gerónimo y de las mellizas Juana y Olivia.

Diagnóstico preembrionario

Es una diagnóstico genético que analiza el ADN de óvulos o embriones fecundados a través de fertilización in vitro. Hay obras sociales que cubren el Diagnostico preembrionario, y otras que no. Hay varios casos de personas que realizaron amparos, y el juez dio una orden para un sentido, u otro. Se buscará una reglamentación que no deje dudas en este aspecto.

Registro único de donantes

El último tema que se debatirá será el registro único de donantes. Es un tema ya desarrollado y que está próximo a oficializarse. Busca cumplir con lo establecido por el código civil en relación a que toda persona que haya nacido a través de una donación de óvulos o esperma, podrá conocer a sus donantes a partir de sus 18 años, siempre y cuando, un juez lo autorice. Por este motivo, todos los consentimientos informados de donación se están guardando actualmente en los ministerios y los registros civiles. "Queremos un registro único porque un donante puede donar un número limitado de embarazos y debe haber un conocimiento unificado sobre esto", dice Neuspiller. También se discutirá cual es el número adecuado de donaciones por personas. Mientras algunas ONGs proponen que sean 6, Samer considera que 20 es un número apropiado.

Fuente: La Nación

jueves, 16 de noviembre de 2017

Laboratorios nacionales contra la extensión de patentes por el acuerdo Unión Europea-Mercosur

El convenio comercial bilateral se podría firmar en diciembre próximo, pese a los reparos puestos por toda la industria manufacturera. En un encuentro en el Senado, la cámara CILFA alertó sobre el impacto en el mercado interno. “Las empresas nacionales no podrían ofrecer medicamentos a precios más reducidos”, aseguraron.

Desde hace un par de meses, representantes de la Unión Europea y el Mercosur negocian a puerta cerrada un acuerdo comercial bilateral, que si bien es una meta de algunos sectores de la economía se potenció cuando Mauricio Macri llegó al poder en la Argentina y Michel Temer asumió en Brasil. Este fin de semana, en la capital Brasilia, hubo un nuevo encuentro, que según todas las informaciones terminaron sin mayores resultados, en medio de una tensa negociación que hoy están estancadas. Sin embargo, la posibilidad de firmar un convenio preocupa a los sectores nacionales de la industria, incluyendo los laboratorios productores de medicamentos. Este martes, en un encuentro realizado en el Senado, la cámara que los nuclea planteó especialmente el impacto de un posible acuerdo en el tema patentes. Según sus dichos, si se llega a un acuerdo se podrían extender los planteos de exclusividad, perjudicando la producción de genéricos y fármacos en el país.

Los reparos puestos por los laboratorios de bandera nacional a un acuerdo con la Unión Europea fueron expuestos en un encuentro conjunto de las comisiones de Ciencia y Tecnología y de industria y Comercio del Senado, convocado ayer martes para exponer sobre la temática. Allí, desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) expresaron sus dudas respecto a este tipo de convenios bilaterales, ya que podría extender el derecho de patentes de los laboratorios multinacionales, perjudicando a la industria farmacéutica nacional. “Dentro de los planteos de la Unión Europea está la extensión de las patentes de 20 a 25 años. Esto implica el freno en el vencimiento para muchas patentes, con lo cual las empresas nacionales no podrían ofrecer medicamentos a precios más reducidos porque las patentes mantendrían su posición monopólica”, expuso Mariano Genovesi, gerente de asuntos jurídicos de CILFA.

En su presentación, los laboratorios nacionales se quejaron que no se haya realizado un estudio de impacto sobre el acuerdo, que tiene en vilo a la industria manofacturera nacional. “El gobierno dijo que quiere firmar en diciembre. Ustedes saben lo que es negociar con un plazo fijo, es lo peor que se puede hacer”, agregó Isaías Drajer, presidente de CILFA. Las firmas reclamaron la consolidación del mercado interno permitirá una recuperación de la producción, junto a un incremento de las importaciones. Además, recordaron que el gobierno se comprometió a reglamentar la Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna, sancionada en 2007 que prevé diversos beneficios impositivos para proyectos de investigación y producción en biotecnología y la creación de un Fondo de Estímulo.

Si bien la intención del gobierno es firmar un acuerdo el mes próximo, como expusieron desde CILFA, funcionarios de la Argentina y Brasil calificaron de “decepcionante” la propuesta que hizo la Unión Europea en el último encuentro realizado en el país vecino. Desde Brasil, el embajador Ronaldo Costa Filho dijo que la oferta, que incluía una cuota con bajos aranceles para 70 mil toneladas de carne de res y 600 mil toneladas de etanol, estaba lejos de lo que los miembros del Mercosur esperaban y hará difícil que se llegue a un acuerdo en diciembre.

Tras 18 años de negociaciones fallidas, la Unión Europea (UE) y el Mercosur se emplazaron la última semana a firmar antes de la Navidad un tratado de libre comercio, pese a las continuas resistencias de los sectores productivos y laborales de los países conosureños. “Hay una ventana de oportunidades que no debemos dejar pasar”, dijo Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la UE, al llegar a una reunión extraordinaria en julio de este año con el nuevo canciller argentino, Jorge Faurie , y sus pares de la región              

Fuente: Mirada Profesional 

martes, 14 de noviembre de 2017

Condena millonaria a una obra social por una mala praxis en un parto

La Justicia ordenó que abone cerca de tres millones y medio de pesos por las lesiones que sufrió una chica de 24 años cuando nació, en 1993.

El fallo que condenó a la obra social fue dictado por la jueza Civil y ComericialA fines de enero de 1993, Yolanda se internó para tener a su bebé. El parto se inició con normalidad, pero una hora después el obstetra decidió utilizar fórceps, un instrumento con forma de tenazas que ayuda a la extracción fetal. La maniobra no resultó y María Virginia nació después de que su mamá fuera sometida a una cesárea. En los meses que siguieron los papás de la beba notaron que no evolucionaba del mismo modo en el que lo habían hecho sus hermanos mayores, y por eso la sometieron a una tomografía que reveló signos de "atrofia cortical y central", es decir, daño neurológico. En 2007, y luego de que varios especialistas coincidieran en que el daño había sido producido por el uso de los fórceps, los padres de María Virginia demandaron a su obra social por el que la joven, que hoy tiene 24 años, sufrió durante el parto. La Justicia falló el mes pasado y condenó a la obra social a pagar cerca de tres millones y medio de pesos.

El nacimiento de María Virginia fue a principios de 1993. Su papá era chofer de colectivos, y por eso la familia estaba afiliada a la Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros. Su mamá comenzó a atenderse con un obstetra que formaba parte de una lista cerrada de prestadores de la obra social. Es decir: podía elegir cualquier nombre de esa lista, pero no decidir atenderse con un médico que no figurara en ese listado.

El 27 de enero, Yolanda entró en trabajo de parto a las 4.30. Para las 7 ya había dilatado 8 centímetros y el parto comenzó. Una hora después, María Virginia todavía no había nacido y para que el bebé rotara y descendiera, el obstetra utilizó fórceps altos. Media hora más tarde el mismo médico decidió someter a Yolanda a una cesárea.

La beba nació con parálisis facial y en las horas siguientes fue trasladada a neonatología por algunas complicaciones de salud.

Pero después del alta y de unos meses, sus padres notaron que María Virginia no evolucionaba neurológicamente como sus hermanos. La sometieron a una tomografía en agosto de 1993 y el estudio reveló que tenía "signos de atrofia cortical y central" congruente con una "agresión encefálica temprana". La beba fue sometida entonces a un estudio genético que descartó que esa fuera la causa de los problemas neurológicos.

"Los daños habidos sólo pueden ser consecuencia de la toma incorrecta del fórceps, que produjo lesiones"

"La niña creció con un déficit global en el desarrollo de funciones cognitivas, lenguaje, asociado a un déficit de los mecanismos prefrontales de atención sostenida y control del impulso y estos síntomas afectaron sus aprendizajes escolares", sostuvo un nuevo estudio que le hicieron a María Virginia cuando tenía casi nueve años.

En 2007, los papás de la nena decidieron demandar a la obra social por la mala praxis médica durante el parto.

La causa quedó en manos de la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 2, Mónica Klebcar, quien debió determinar si los daños neurológicos de María Virginia —que hoy padece dificultades en el lenguaje, problemas de aprendizaje y parálisis facial— había sido o no producto del uso de los forceps durante el parto.

Tras analizar las posturas de distintos peritos médicos, la magistrada concluyó que "los daños habidos sólo pueden ser consecuencia de la toma incorrecta del fórceps, que produjo parálisis facial y lesión cerebral".

Respecto de la responsabilidad de la obra social, remarcó que aunque esta no haya producido materialmente los daños, "debe responder" si son "consecuencia del incumplimiento de una obligación de seguridad asumida para con el paciente".

La jueza entendió que, en base a la posturas de distintos médicos, la incapacidad que presenta María Virginia es del 61,5 por ciento y ordenó un resarcimiento económico y moral tanto para la joven como para sus padres.

Con la sentencia, que fue dictada el mes pasado, la Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros deberá abonar, sumando todos los rubros, un monto que, con intereses, ronda los tres millones y medio de pesos, además de accesorias legales y costas del proceso.

Fuente: La Capital